El Pleno del Congreso ha dado luz verde a la ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local, uno de los proyectos más discutidos de la legislatura y del que se han elaborado una treintena de borradores, la normativa ha entrado en vigor en enero de 2014.

La iniciativa ha contado con el apoyo del PP, PNV y UPN y ha mantenido en contra al resto del arco parlamentario de principio a fin de la tramitación; estos grupos acusan al Gobierno de perseguir la autonomía municipal, querer quitar competencias a los ayuntamientos y facilitar la privatización de la prestación de servicios. También aseguran que no respeta las competencias autonómicas y busca una ‘recentralización’, por lo que ya se anuncian recursos ante el Tribunal Constitucional.

El último debate en el Congreso ha servido para aprobar las enmiendas introducidas en el Senado y los grupos han reiterado los argumentos que han mantenido en los últimos meses.

El ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas empezó a trabajar en este texto hace más de año y medio y llevó a Consejo de Ministros un primer documento en julio de 2012. Sin embargo, provocó una gran polvareda incluso en las filas del PP.

La iniciativa incluía inicialmente la posibilidad de suprimir municipios, la reducción del número de concejales y la eliminación de sueldos en los pueblos más pequeños. Además, y fue uno de los asuntos más discutidos, se imponía lo que se llamó ‘el coste estándar’, la definición del precio que debían tener los servicios municipales si un ayuntamiento quería seguir prestándolos.

Estos y otros puntos se han ido modulando finalmente o incluso han desaparecido de la ley, como la supresión de ediles. La reforma incluye un nuevo reparto de competencias y despoja a los ayuntamientos de las que tenían en educación, sanidad y servicios sociales, que pasarán a manos de las comunidades en unos plazos definidos.

Sin embargo, podrán seguir ejerciéndolas si así lo acuerdan con las autonomías y mediante un convenio que incluya el pago correspondiente. La aplicación de este espinoso asunto queda además a expensas de la futura reforma de los sistemas de financiación autonómica y local, que deberá tener en cuenta esta novedad.

Además, se impone a lo largo de toda la ley el cumplimiento de la suficiencia financiera como objetivo principal para todo tipo de entidad local, se empuja a lograr costes eficientes en la prestación de servicios y se refuerza el papel de las diputaciones para hacer que así sea en los pueblos de menos de 20.000 habitantes. Por otro lado, las entidades locales menores y las mancomunidades sólo podrán subsistir si cumplen con la obligación de rendir cuentas a tiempo.

Por otro lado, se ponen topes a las retribuciones de alcaldes, que no podrán cobrar más que un Secretario de Estado en el caso de las grandes ciudades; también se limita el número de asesores que se puede contratar en un ayuntamiento y se devuelve la habilitación estatal a los interventores municipales, que de nuevo dependerán de Hacienda, entre otros asuntos.

MÁS FLEXIBILIDAD PARA CERRAR EMPRESAS LOCALES

La iniciativa ha sido reformada en el Senado con enmiendas del PP, PNV, UPN y Coalición Canaria para garantizar el respeto al régimen foral vasco y la singularidad de las Islas Canarias. El PP ha aceptado también una enmiendas con Coalición Canaria, para limitar el número de miembros del cabildo con dedicación exclusiva, y otra del PNV para cambiar sustancialmente las limitaciones sobre el sector público local.

El PP aceptó además transaccionar una decena de enmiendas con casi todos los grupos. Una de ellas, pactada con Entesa, PNV y Mixto, cambia ligeramente el porcentaje que podrán cobrar los alcaldes de los pueblos más pequeños: de 10.000 a 20.000 habitantes, el 50% que un secretario de Estado; de 5.000 a 10.000, el 55% y de mil a 5.000, el 60%. También se remite el sueldo de los presidentes de cabildos y consejos insulares al del alcalde de la localidad mayor de la isla.

Además, aceptó enmiendas para respetar el estatuto de Aragón y las peculiaridades insulares de Canarias y también de Baleares. Por último, los ayuntamientos podrán dedicar patrimonio público de suelo a reducir su deuda comercial o financiera.